ESCÁNDALO
URBANÍSTICO EN ANDALUCÍA , EL GRAN FEUDO DEL PSOE.
Caso Chiclana: 40.000 viviendas ilegales no motivan la
acción de la Justicia. ¿Por qué.?
En la localidad gaditana de Chiclana se han
construido cerca de 40.000 viviendas ilegales y se acumulan delitos
urbanísticos, más de 1.700 expedientes, y contra el medioambiente. Sin embargo
la justicia hace oídos sordos. ¿Por qué.?
Porque son promovidas por el poder político que
monopoliza el PSOE, con el objeto del enriquecimiento personal, para la financiación
de partido y para la compra de votos. Luego: ¿por qué la justicia no
interviene.?
Pues porque toda ella en Andalucía, está en la
nómica de ese partido inigualablemente corrupto. No es una manera de hablar. Es
una aseveración.
Libertad
Digital (Pedro Tena). El
gobierno municipal de Chiclana, formado por PP, IU y PA encuentra
inexplicable por qué no se ha impulsado desde la Fiscalía Anticorrupción, desde
la propia Fiscalía de Cádiz o desde los juzgados de Chiclana, la instrucción de
un Caso Chiclana similar a los casos de Marbella y Estepona,
a pesar de que la envergadura cuantitativa y cualitativa de las irregularidades
(nada menos que de 35 a 40.000 viviendas y construcciones ilegales), es
igual o superior a los ejemplos mencionados.
La decisión de investigaciones
sistemáticas y agrupadas en Marbella y Estepona destaparon y siguen destapando
amplias y complejas redes de corrupción político - empresariales - urbanísticas
con las consecuencias penales de todos conocidas. En el caso de Chiclana,
aunque en la Ley de Procedimiento Criminal se contempla la posibilidad de
que tanto jueces como fiscales puedan encabezar la instrucción de casos que
por sus indicios, denuncias o informes policiales merezcan tratamientos
singulares, no se ha hecho para sorpresa de una corporación municipal que ha
denunciado ante la Fiscalía y ante el Juzgado de Guardia algunos hechos
clamorosos.
Una gestión del PSOE
Hay que tener en cuenta que en el caso
Chiclana toda la gestión urbanística en su conjunto, la que afecta al
Ayuntamiento y la correspondiente a la Junta de Andalucía, corresponde única
y exclusivamente el Partido Socialista desde el comienzo de la avalancha de
irregularidades en 1983 y hasta el año 2007, año en que la coalición de PP, IU,
PA y PSA, el partido de Pedro Pacheco, logró la victoria electoral. Fue
entonces cuando se comenzó a denunciar activamente el caso Chiclana.
En el caso Marbella, la operación abierta
por el Juez Torres fue dirigida preferentemente hacia Jesús Gil y el
partido de GIL. Aunque era sabido que el PSOE había gobernado desde 1979 a
1991 y que los ya entonces numerosos casos de corrupción fueron denunciados
incluso por los propios alcaldes socialistas – alguno de aquellos implicó
directamente a Jaime Montaner y a José Miguel Salinas, consejero
y vicepresidente de la Junta de Andalucía respectivamente aunque fue archivado
por prescripción -, el GIL y los Gil así como sus sucesores fueron los
principales destinatarios de la investigación.
En el caso Estepona, igualmente, se han
superpuesto las gestiones políticas de PSOE y de GIL desde 1983 a 2007 si bien
está quedando claro cuál ha sido el comportamiento ilegal y corrupto de su
último alcalde, el socialista Antonio Barrientos, que abarca desde
irregularidades urbanísticas a compra de votos con empleos municipales.
Operación política
En Chiclana, las irregularidades y presuntos
delitos son ampliamente conocidas por la población. Aunque el PP de
Chiclana y una parte de IU llevan años denunciando públicamente estas
irregularidades y a pesar de que los concejales del PP han presentado
denuncias y querellas desde el 22 de julio pasado en la Fiscalía y en el
Juzgado de Guardia, sigue sin abrirse una operación especial judicial-policial
del caso Chiclana. Sin embargo y no extrañamente, lo que sí se ha puesto en
marcha es una operación, en este caso política, para echar del gobierno de
Chiclana a quienes quieren que se investigue a fondo y hasta el final el caso
Chiclana.
La operación consiste en una moción de
censura impulsada por el PSOE tras haber conseguido el apoyo de Pedro
Pacheco. De salir adelante dicha moción de censura anunciada por el PSOE para
esta misma semana, los que quieren tapar el caso echarán a los que quieren
que todo salga a la luz. De ese modo, los responsables políticos de, cuando
menos, la omisión del ejercicio de las facultades de disciplina urbanística que
ha tenido como resultado la existencia de miles de irregularidades urbanísticas
cometidas durante los 24 años de gobiernos socialistas, de 1983 a 2007,
desplazarán del gobierno municipal a quienes las han denunciado.
De consumarse esta “operación Chiclana”,
el actual equipo de gobierno considera que nunca más volverá a investigarse lo
ocurrido en Chiclana durante un cuarto de siglo de irregularidades y corrupción
urbanística.
El caso Chiclana
El periodista Pepe Contreras
resumía hace casi dos años en El
Mundo en qué consiste el caso Chiclana:
“Veinticinco mil fosas sépticas, cientos de inmobiliarias, más de treinta y
cinco mil viviendas sin licencia municipal, uno de los principales destinos
turísticos de los turoperadores mundiales (con diez mil plazas hoteleras),
patria de uno de los clanes más poderosos del PSOE andaluz, sede del Grupo de
Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Greco), valiosos pinares
amenazados por la especulación, playas espectaculares, doce núcleos de
población definidos, casi dos mil extranjeros censados, setenta y tres mil
ciudadanos, trabajo para quien lo quiera y a destajo en el sector de la
construcción (aunque hay 4.624 parados oficiales) y un Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) anulado desde octubre de 2006 por decisión del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía (TSJA).”
25.000 fosas sépticas – lo que puede
extrañar a muchos -, son el resultado de otras tantas construcciones
irregulares de viviendas y chalés ya que, al no estar consideradas propias
del Ayuntamiento ni asunto de su responsabilidad, carecen de los sistemas
urbanos habituales de saneamiento y conducción de aguas residuales.
Consecuentemente, la evacuación de las aguas fecales se realiza en fosas sépticas,
“pozos ciegos” para los andaluces, en su mayoría de carácter individual.
Se está dando el caso de serios
problemas de contaminación e incluso de graves riesgos para la salud
debido a que los pozos ciegos o fosas sépticas están conectando con los pozos
de aguas subterráneas. Tal contacto puede generar un problema sanitario de gran
importancia de consumarse una conexión generalizada de los pozos tóxicos con
los otros y la contaminación del agua potable.
Alcaldes socialistas
Todas estas irregularidades han ido creciendo desde 1983 a 2007, período
gobernado por los siguientes alcaldes socialistas:
a) Sebastián Saucedo Moreno,
1983-1986, que ha sido después y curiosamente Delegado de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía y es en la actualidad subdelegado del gobierno de
España en Cádiz.
b) José Joaquín de Mier Guerra,
1986- 1994, fue además presidente de la mancomunidad de municipios de la Bahía
de Cádiz, vicepresidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
Desde 1994 fue delegado de la consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz y ahora es el delegado especial del
Estado en el consorcio de la Zona Franca de Cádiz.
c) Manuel Jiménez Barrios,
1994-2003, de mote “chiqui”, actual secretario general para el Deporte de la
Junta de Andalucía, fue con anterioridad presidente de la Federación
Andaluza de Municipios y Provincias. También ha sido consejero de la Empresa
Pública del Suelo de Andalucía y de Estadio Olímpico de Sevilla, SA donde
coincide nuevamente con Leonardo Chaves, hermano de Manuel Chaves.
d) José María Román Guerrero,
2003-2007, aunque fue teniente de alcalde desde mucho antes. Es hermano de
Rafael Román, alias “Franquito” por su parecido con Francisco Franco. Rafael
Román es un poder fáctico del PSOE de Cádiz y fue Consejero de Cultura en los
primeros tiempos de la Junta de Andalucía.
Aunque la Fiscalía de Medio Ambiente de
Cádiz, dependiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA),
decidía abrir varias líneas de investigación a promotoras y constructores para
esclarecer un posible delito urbanístico no sólo en esta localidad, sino en
toda la Costa de la Luz como consecuencia de las informaciones de El Economista, el
“caso Chiclana” sigue sin investigarse global e interrelacionadamente.
Según el mencionado diario, el mismo fiscal
de Medio Ambiente de Cádiz, presentó al Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía un informe demoledor en 2006 que ponía el acento en problemas de
gran calado como "los delitos urbanísticos, los daños a la naturaleza por
obra humana o los atentados al patrimonio histórico". En la memoria de
2007, abogó directamente por la demolición de las construcciones ilegales:
"Mantenemos que, hasta cierto punto,
el restablecimiento de la legalidad que supone la demolición es un prius a la
sanción, más importante que ésta, sin la cual la represión (penal o
administrativa) es una entelequia que no puede cumplir ninguna función
preventiva, pues aparece como un coste superior (e incierto) de esa vía
heterodoxa de obtener lo que la Ley prohíbe", dice textualmente en la
Memoria de 2007. Y agrega: "Si los tribunales penales no ordenan la
demolición, vista la proverbial falta de eficacia de la Administración en el
ejercicio de las competencias de disciplina urbanística, ¿no se está
permitiendo que el infractor consolide definitivamente los efectos del
delito?".
Cádiz se convirtió en 2005 en la
provincia andaluza donde más diligencias se abrieron por este tipo de
delitos: 102; una cifra que supuso un fuerte incremento frente a la
registrada en 2004 (73 en total). En 2006 fueron incoadas y tramitadas 101
diligencias informativas. En 2007, 385. De ellas, 211 en la Fiscalía de
Cádiz y 174 en la Fiscalía de área de Algeciras. A pesar de la repercusión
mediática que han tenido las irregularidades urbanísticas en otras zonas del
litoral, como la costa de Málaga, y sobre todo, Marbella, en esta última
provincia sólo se investigaron 59 casos durante el año pasado, según el informe
del fiscal.
La Fiscalía advirtió ya entonces que la
proliferación de casas ilegales, un fenómeno que sigue en plena expansión,
se debía a la impunidad que reina en la costa gaditana, propiciada por
sentencias laxas contra los propietarios de las mismas, la falta de recursos en
los juzgados y la "absoluta renuncia" que hace la Audiencia
Provincial "a decretar la demolición de lo construido ilícitamente".
1.700 expedientes dejados prescribir por
el equipo de gobierno del PSOE
El PP andaluz ratificó el pasado día 7,
ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cádiz, sus denuncias sobre el presunto
archivo masivo de 1.717 expedientes urbanísticos, tras lo que, se espera se
impulse definitivamente una investigación por parte de la Fiscalía semejante a
las del caso Marbella y Estepona. Este archivo masivo es un procedimiento similar
al que se ha dado en Estepona y que originó la “Operación Astapa” contra la
corrupción urbanística en este municipio malagueño.
El archivo masivo de expedientes ha
producido un perjuicio mínimo de 100 millones de euros para las arcas
municipales chiclaneras por esta dejación de funciones, según los cálculos
del PP.
El Defensor del Pueblo Andaluz contra el
fraude fiscal en Chiclana y por los cortes de luz
Incluso el Defensor del Pueblo de
Andalucía, José Chamizo, pidió hace un año también la intervención de la
Agencia Tributaria ante la sospecha de que pudiese haber también un delito
fiscal en Chiclana de la Frontera, donde se contabilizan hasta 40.000
viviendas sin licencia y en condiciones completamente irregulares.
Además, ha reclamado al Ayuntamiento de
la localidad gaditana que corte los servicios a las viviendas ilegales y evite
que se firmen nuevos contratos, tal y como explicó el propio Chamizo al diario El
Economista:
"Reconozco que es una medida difícil de llevar a cabo en la práctica
con las viviendas de uso habitual, pero sí se puede hacer con las segundas
residencias. Lo que no se puede permitir es que las construcciones ilegales
puedan disponer de los mismos servicios que las legales".
Añadía dicho diario que la clave de todas
las irregularidades que se están cometiendo en esta ciudad, que podría acabar
por convertirse en otra Marbella, la tiene lo que se conoce ya en ámbitos
políticos como el clan socialista de Chiclana, responsables de que en la
zona se hayan levantado en pocos años unas 40.000 viviendas ilegales. Los
cuatro alcaldes ya mencionados y José Antonio Gómez Periñán, ex concejal
de Chiclana y alto cargo de la Junta de Andalucía en Cádiz forman parte del
conocido como Clan de Chiclana. Este último es, además, uno de los nexos de
unión del clan de Chiclana con el clan de Alcalá, cuyo máximo representante
actual es Luís Pizarro, vicesecretario general del PSOE de Andalucía.
Amenazas de muerte contra quienes quieren
destapar el caso
El portavoz municipal de Izquierda Unida
en Chiclana, José Pedro Butrón, actualmente miembro de la coalición de
gobierno, denunció en 2007 ser objeto de una campaña de descrédito por parte de
personas del entorno del PSOE –incluso con supuestas amenazas de muerte
y agresiones- tras sus denuncias por las irregularidades urbanísticas que se
estaban registrando en el término municipal
Según Izquierda Unida, al socialista
José María Román, ahora ex alcalde, la ciudad se le fue de las manos por su
ineficacia y por las irregularidades denunciadas e intentaba echar la culpa de
todos los problemas, presentes y futuros, a los que nada tienen que ver con los
mismos. Se intentó crispar la ciudad y el ambiente con acusaciones falsas.
El PSOE, por su parte, anunció la
presentación de una querella criminal por calumnias contra José Pedro
Butrón, tras culpar éste públicamente al Partido Socialista de haber sido el
instigador de las amenazas de muerte recibidas a través de comentarios
realizados a personas de su entorno familiar. Butrón dijo: “si me pasa algo a
mí o a alguien de mi entorno, haré responsable de ello al PSOE”.
El actual concejal del gobierno de
Chiclana por IU-CA es quien, junto a los ecologistas de Agadén y el PP, ha
animado las voces críticas ante el caos urbanístico de Chiclana.