DESINFORMACIÓN, MANIPULACIÓN DE LA OPINIÓN Y DELITO DE SISTEMA.

A menudo podemos leer en la prensa española noticias perversamente engañosas con que muchos de sus periódicos, como plataformas de un determinado poder, redirige constantemente la vilipendiada opinión pública y con que, por supuesto, sacan beneficio político y económico siempre en detrimento del destinatario. Así pues, extrayendo un ejemplo claro de lo que a diario se cierne sobre los inocentes, tenemos una noticia publicada en portada de un periódico de Galicia, que dice: “LA ELIMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO COSTARÁ 65 MILLONES A GALICIA.” Ante esto, la primera reacción emotiva del lector menos informado y/o menos formado en la comprensión de los entresijos del uso de la palabra respecto a la razón y a la verdad, es entender que Galicia, señalamiento clave en el enunciado tergiversador, se va a ver afectada por la eliminación de tal impuesto y como asociación implícita al término Galicia: los gallegos. O sea, que el impacto de primera lectura y claro mensaje subtextual e incluso subliminal, es que “los gallegos”, entendiéndose cada gallego de a pié a que está dirigida esta noticia, se van a ver afectados y sufrirán en su perjuicio la eliminación de este impuesto.

Pero naturalmente la realidad que enmascara, transforma o tergiversa conscientemente esta noticia es muy otra. Y es que la eventual eliminación de este impuesto patrimonial históricamente especulador, si es que final y felizmente se produce, afectará sólo a la arquitectura inerte de la administración en general, entre ella y por un hosco cálculo de porcientos, a la administración gallega. Naturalmente ésta, por el conflicto y grave error que supone en sí mismo el establecimiento de las autonomías en España siempre favorable a los procesos nacionalistas, ha puesto el grito en el cielo, emprendiendo toda una ofensiva política por impedirlo, amen, por supuesto, de confundir a la población desde sus plataformas afines para que le apoye en semejante impedimento. A fin de cuentas, ni más ni menos que por ello es que se expele semejante noticia tergiversada. Una noticia cuya realidad de fondo ocultada por las formas, desvela que el recargadísimo entramado administrativo, inútil, desfavorable y hasta pernicioso para el ciudadano de a pié en un 65 %, dejará de percibir 65 millones de euros que extrae de éste. Una noticia cuyo fondo desvela que esa arquitectura jerárquica y segura que se erige y se consolida sobre la espalda tributante del ciudadano obligado a ello siempre en interés tanto del funcionariado político como del profesional, dejará de percibir en Galicia y sólo en Galicia, 65 millones de euros. 65 millones de euros que no tendrán que salir del exprimidísimo bolsillo de los ciudadanos de a pié en Galicia. O sea, que esta noticia es, por contrario a lo que pretende su manipulación, excepcionalmente buena para el Gallego; absolutamente buena para los madrileños, y para los vascos y para los catalanes y para los murcianos y hasta para los marcianos que soportamos semejante estructura administrativa y semejantes funciones siempre o en mayor grado, en conflicto con nuestros intereses. Una noticia en realidad excepcionalmente favorable para el recargado contribuyente, que en boca del nacionalismo gallego se disfraza en esta prensa gallega mediatizada, mediante un grosero pero efectivo artificio periodístico, para crear aquí una opinión pública que apoye la oposición que este bipartito perdedor de las pasadas elecciones pero aún así en el poder, está plantando en estos momentos a la iniciativa de la administración central de eliminar tal impuesto.

Está clarísimo que en este caso como en la aplastante generalidad de cuantos se dan entre una y otra parte, entre mandantes y mandados, el mayor de los conflictos que tienen los segundos es el sostenimiento de un entramado político administrativo que se erige siempre al margen de su voluntad y que se financia única y exclusivamente con esas imposiciones tributarias emanadas unilateralmente de los primeros. Un entramado que a fin de cuentas sólo se erige y se consolida, despejando todo maquillaje conceptual, sobre la exclusividad y los beneficios excepcionales que otorga el ejercicio del poder y sobre la concepción inamovible de la subvención segura por parte de las bases sociales a las administraciones.

Volviendo a la noticia que origina este artículo y a propósito de todo lo dicho, es excepcionalmente bueno la eliminación de tan especulador impuesto sobre el patrimonio, ya que desde hace muchos años los ciudadanos contemplamos atónitos, indefensos e impotentes, como tenemos que pagar una y otra ves cada año y una y otra vez en el mismo año ante la prestidigitación de los “diferentes” conceptos fiscales, enésimos tributos por habernos comprado alguna ves un piso, o una casa o un terreno. Está clarísimo que vivimos en un sistema de convivencia muy primitivo y que la natural evolución de éste se encargará de suprimir estas prácticas impositivas, inmorales y delictivas que ejercen sin más los poderes sobre las bases.