La política no es un privilegio; ni siquiera es un ejercicio profesional tal y como se profesa en España y en el mundo, sino que la política es un derecho elemental de todo ciudadano en las sociedades modernas consideradas libres; un derecho con el cual el ciudadano influye en todo aquello que le determina y le afecta. No se trata de una participación distante. Se trata de una voz de mando que en la suma del conjunto social redunde en la política concreta a seguir, en los tipos de leyes y en los contenidos que se tienen que establecer. Sin este derecho elemental de la “toma de decisión,” los ciudadanos no son libres y la tan propagandizada “democracia” no es real. 

Ha estallado todo un movimiento popular ya imparable, que marcará, sin duda de ningún género, el rumbo del sistema de derecho en España: el único rumbo posible. Lo ha hecho con la lógica más elemental del mundo: sencillamente la ciudadanía se ha cansado de sostener un sistema político-administrativo y económico, que resulta matemáticamente insostenible; un sistema basado en la doble moral, en los privilegios y la exclusividad multimillonaria de una clase política autodenominada como “élites gobernantes,” inconexa de los criterios y de las necesidades de las bases sociales; un sistemas basado en la no aplicación, en la práctica, de una constitución ya de por sí teóricamente contradictoria.

Para empezar, el tan cacareado sistema democrático no es real desde la fórmula sesgada de la llamada “democracia electoral” y del llamado “sistema representativo.” No es real más aún en España, paradigma de prácticas impositoras, de manipulación burda y aleatoria de todas las instituciones del estado, de utilización de la ley incluso como instrumento mediático.

Si bien teóricamente democracia significa gobierno del pueblo, éste no gobierna, no decide, no determina y ni siquiera es consultado o considerado absolutamente en nada cuando las élites imponen sus “políticas.” Ni siquiera se le tiene en cuenta para determinar cuestiones tan elementales como quién va a ser el presidente del país, quién el ministro de educación, quien el de sanidad, y ya qué decir a la hora de legislar o de decidir sobre la economía. Todas estas cuestionas tan elementales, no sólo influyen, sino que determinan la vida socioeconómica de cualquier ciudadano, de cualquier familia. Por ello, lo mínimo que debería hacer una hipotética representación real sería escucharles a la hora de tomar todas y cada una de las decisiones de gobierno; pero en cambio, a esta población tan utilizada e invocada en el discurso demagógico de los partidos políticos, fundamentalmente los de izquierdas, sólo se le contempla para sostener impositivamente un sistema predictatorial de partitocracia, basado en los superprivilegios de esa clase política autodenominada como élite que entiende y ejerce el poder como una propiedad intransferible.

La política no es un privilegio; ni siquiera es un ejercicio profesional tal y como se profesa en España y en el mundo, sino que la política es un derecho elemental de todo ciudadano en las sociedades modernas consideradas libres; un derecho con el cual el ciudadano influye en todo aquello que le determina y le afecta. No se trata de una participación distante. Se trata de una voz de mando que en la suma del conjunto social redunde en la política concreta a seguir, en los tipos de leyes y en los contenidos que se tienen que establecer. Sin este derecho elemental de la “toma de decisión,” los ciudadanos no son libres y la tan propagandizada “democracia” no es real.

Todo era cuestión de tiempo, y es absolutamente normal. La gota ha colmado el vaso.