Lean detenidamente y entiendan los métodos de los actos penalmente cómplices de los antisistemas vascos, que tiene este gobierno ultra-republicano que padece España.

EN EL REPARTO DE LOS 8.000 MILLONES ( Una de las vías históricamente habituales en la financiación del terrorismo en España. )

El Gobierno dice que "no cree que el dinero que se da a los alcaldes de ANV merezca un control especial" para facilitar la llegada de semejantes fondos a su destinatario: la ETA.

Como iguales y sin ningún tipo de control especial. Así tratará el Gobierno a los 43 ayuntamientos de ANV-ETA incluidos en el reparto de los 8.000 millones. Leopoldo Barreda tacha de "irresponsable" esta actitud mientras que Itziar Lamarain radiografía para LD el caso específico de Mondragón.

El “gobierno” sabe muy bien cuál es el destino de ese dinero. Es más, el gobierno da ese dinero, como tributación económica directa a la banda, plenamente consciente, muy a sabiendas que hasta el último euro se destinará en las infraestructuras de la organización terrorista. Un dinero público que será utilizado en pagar el sueldo de los asesinos, en comprar información, armas, explosivos, sobornos; un dinero público que será empleado en asesinar a los ciudadanos que lo tributan. El PSOE lo sabe y los ciudadanos, atemorizados, contemplan impotentes e indefensos, cómo además no hay un solo juez que no disimule mirando para otro lado. ¡CON LO FÁCIL QUE SERÍA.!

Noticia publicada el 03-12-2008

LD (Pablo Montesinos) Los 43 consistorios del País Vasco y Navarra gobernados por ANV, el brazo político de ETA, recibirán de las arcas del Estado cerca de 40 millones de euros. El objetivo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero es que la marca etarra dedique este dinero a financiar nuevas obras municipales. Sin embargo, no dedicará un control especial a estos ayuntamientos. Según ha podido saber Libertad Digital, el ministerio de Administraciones Públicas no ha solicitado ningún tipo de vigilancia especial. "Todos los ayuntamientos van a ser controlados por igual, la Intervención General del Estado utilizará todos los instrumentos necesarios", han añadido fuentes consultadas.

Sin embargo, el diario La Razón advierte este miércoles que el Ejecutivo socialista ha renunciado a un estricto control del destino de la intervención para agilizar así su distribución. En opinión de la ministra Elena Salgado, los ciudadanos son los que deben controlar a los gobiernos locales reclamando a sus alcaldes las nuevas obras que pueden acometer con este fondo.

Para el Partido Popular, la laxitud en los controles que aparentemente promueve el Gobierno denota una "gran irresponsabilidad". En declaraciones a este periódico, Leopoldo Barreda ha exigido "un mayor control" ya que "hay que tener la seguridad" de que los consistorios gobernados por el entorno de ETA "no dedican este dinero a usarlo para otras cosas". "Es irresponsable tratar por igual a quienes no son iguales" ya que "están gobernados por una formación ilegalizada por la Justicia", recalca el portavoz de los populares en la Cámara de Vitoria.

En este sentido, recuerda que el Ejecutivo tuvo la posibilidad de disolver estos ayuntamientos pero "no cumplió con su obligación". "Sería irresponsable no tener un mayor control", ha insistido, pese a recalcar que los ciudadanos tienen el derecho a recibir dichas partidas presupuestarias.

El ejemplo de Mondragón

Mondragón, municipio gobernado por ANV-ETA en el que fue asesinado el ex concejal socialista Isaías Carrasco, es uno de estos ejemplos. Su alcaldesa, Inocencia Galparsoro, recibirá cerca de 40 millones de euros del Estado y la única concejal del PP en el consistorio, Itziar Lamarain, no le quitará "el ojo de encima". Así lo ha asegurado, en declaraciones a Libertad Digital.

Bajo la premisa de que "todo el dinero es bienvenido", Lamarain ha advertido que "es una incongruencia" que el Gobierno no haga una diferenciación entre los consistorios gobernados por el brazo político de ETA y los del resto de España. "Mis ojos estarán muy encima del gobierno local para que todo ese dinero esté destinado a obra pública", asevera.

Sin embargo, lamenta que el Ejecutivo no esté más encima de estos ayuntamientos, que pueden "malgastar este dinero a otras cosas, y ya saben a lo que me estoy refiriendo cuando digo malgastar".

Motivos para sospechar no le faltan. Galparsoro ya destina dinero "a las familias de presos de ETA" y financia algunos movimientos culturales que "a pesar de tener todos los papeles" tienen claros vínculos con el entorno de la banda terrorista.

Concretamente, el Gobierno ha incluido a los 43 municipios gobernados por la ilegalizada Acción Nacionalista Vasca, brazo político de ETA, en el reparto de los 8.000 millones de euros que destinará, teóricamente, a financiar nuevas obras municipales.

¿Y para qué ha utilizado siempre este dinero público estos ayuntamientos.? Pues para financiar a la ETA en todos su frentes. El primero que lo sabe es el PSOE, que ya asume semejante medica como un favor a sus compañeros ideológicos, con los que en este momento sigue negociando, sin que el constitucional invalide esta legislatura por el delito de la más alta traición al estado.