EN EL “PLAN DE RESCATE,” 40 MILLONES DE EUROS PARA ETA.

Zapatero destina 40 millones de euros, dentro del insólito plan de intervención de los poderes económicos, mezclando así convenientemente “el dulce con los frijoles,” a los ayuntamientos en que gobierna la ETA en la Comunidad Vasca. La definición propagandística de dicha intervención, repetida hasta la saciedad en los medios como “PLAN DE RESCATE,” viene como anillo al dedo para definir la verdadera y única intención del “presidente” Zapatero respecto a la ETA. A fin de cuentas ha sido ésta, la política de la reanimación, la única que ha hecho respecto a la banda desde que llegó al poder tras y por los atentados de Madrid. Ahora son 40 millones más; pero la cifra se dispara a cotas de verdadero vértigo mediante la financiación pública recibida por la banda, de manos del PSOE, en el curso de estos cinco años de soberbia y fanática legislatura antisistema y republicana, la cual define hasta el tuétano al presidente del 11 M tras su máscara de demócrata. Y todo ello sin contar la orden expresa del este gobierno a las llamadas fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, de no intervenir en la recaudación extorsionante que practica constantemente la ETA sobre los empresarios vascos, denominada por la banda como “impuesto revolucionario.” En fin, los delito de complicidad con banda armada y la responsabilidad penal de este ejecutivo en el resurgimiento del terrorismo y en todos y cada uno de los asesinatos cometidos desde entonces, le asoman hasta por las orejas al propagandizado presidente Bambi, el del “guiño de ceja,” el de la marca “Zp,” el “rojo ultra republicano de solemnidad,” como siempre se autodefiniera el presidente de “las bombas de Madrid.” Si la justicia no actúa de oficio, como debiera, es porque estamos en España; un país donde por excelencia los poderes definen al sistema de una forma en la propaganda política, mientras lo practican de otra diametralmente diferente, siempre en absoluta agravio del ciudadano. Si esta responsabilidad penal queda impune, es porque, a tenor de lo dicho, toda la alta magistratura está en la nómina, tanto política como económica, de los partidos políticos que imperan en España, excepcionalmente del PSOE, que es el abanderado de estas prácticas mafiosas.

Si algunos de estos hechos ocurriera en un país con un sistema político y jurídico más consecuente, por ejemplo, en los Estados Unidos, el PSOE a estas alturas ya ni siquiera existiría como partido. Por esto y sólo por esto, es que sistemáticamente esta formación expele una propaganda de odio y desinformación contra este país, porque representa hoy más que nunca el impedimento de aplicar finalmente el sistema de poder perseguido desde la guerra civil, que es, a fin de cuentas, toda la razón que mueve al PSOE a colaborar con ETA.