La consulta educativa de Feijoo, es aplaudida por el 87 % de la población Gallega, mientras los grupos de proyecto ideológico totalitario se enfrascan en una guerra sin cuartel contra ella.

Explicamos aquí sus causas y sus entresijos.

La Consulta lingüística que la Junta de Feijoo hace a los padres para determinar en qué idioma quieren éstos que se escolarice a sus hijos, es un acto de elementalísima democracia; es una ejecución, sin más, de los derechos constitucionales de los ciudadanos gallegos, contra los cuales nada ni nadie, en nombre de nada, puede actuar ni protestar.

Esta consulta, ha provocado la reacción inminente y a estas alturas el alzamiento en pie de guerra, de los grupos minoritarios políticamente anticonstitucionales y antiespañoles, que quieren imponer, a través de la lengua y entre otras cosas, al nacionalismo socialista, siempre segregacionista de la cultura, de las libertades y hasta de la voluntad claramente expresada, en los pasados comicios autonómicos, de todo el pueblo gallego.

La imposición de la lengua Gallega como habla única, entiéndase por este fenómeno la prohibición dictatorial de hablar en castellano primero en las escuelas y progresivamente en todo entorno público y privado, es un primer paso con el que los nacionalistas ultra marxistas de Galicia pretenden fundamentar culturalmente su pretensión de separarse de España como un país políticamente independiente. Luego, como todo lo que mueve a estos grupos separatistas es el consabido proyecto ideológico del totalitarismo antioccidental y por fuerza marxista por excelencia, quieren instaurar en Galicia un sistema análogo, similar, o mejor expresado, literalmente importado de las múltiples experiencias de la imposición de la dictadura del proletariado en el mundo y en la historia. Por tanto, la imposición de la lengua única, convenientemente diferente y artificialmente inconexa con la lengua oficial española, que es la materna y mayoritaria de Galicia, representa el primer paso hacia el establecimiento de ese sistema social históricamente reivindicado por esas formaciones antisistemas, definido por ellos sin tintes ni matices como “la misma dictadura del proletariado de entonces.”

Por si fuera poco y por si el mal no viniera sólo, se han sumado a tales actos de boicot contra las libertades y contra los derechos naturales de la población gallega, esos pequeños grupos gremiales, de interés y de conflicto, entendidos en este caso como “los profesionales de la educación,” que hacen de este frente y actividad social su medio y su estilo de vida. Mientras los primeros sabotean la consulta porque detiene en seco su calculada hoja de ruta hacia la imposición de una Galicia como país completamente independiente, ligado a un sistema social “anticapitalista” como ellos también le definen, los segundos lo hacen por esa falsísima pero acuciada creencia de que por el mero hecho de ejecutar una parte de la actividad educativa, en la que en realidad no son más que eso: simples y meros ejecutores, creen que toda ella debe determinarse ante su absoluto criterio y ante su total voluntad, donde los demás, o sea, las familias, sólo existen para acatar sus mandamientos. Naturalmente, como en toda experiencia de trato con los grupos antisistemas alojados en el sistema de derecho, los segundos están fuertemente determinados y mediatizados por los primeros dado su actividad representa un frente ideológicamente estratégico, en la particular visión de guerra ideológica que estos grupos tienen de la sociedad civil; una guerra fanática, parásita y subrepticia, siempre en pos de lograr sus objetivos políticos mediante la imposición de sus ideas totalitarias y de su modelo de poder incuestionable; siempre en pos del sometimiento y el control absoluto de esa sociedad civil que tan erróneamente les acoge y les consciente. En este empeño, para ellos, los maestros y el sistema educativo y cultural en general es el vehículo fundamental por el cual quieren transmitir sus ideas totalitarias para lograr sus objetivos, utilizando como antaño a la mente individual y social adoctrinada en la transformación artificial de la sociedad.

Todos ellos, al fin, al cabo y a la postre, con la negativa a esta consulta de la Junta de Galicia, se están oponiendo simplemente a que los padres ejerzan su derecho constitucional incuestionable y expresen su voluntad, como autoridad máxima que son, sobre todos y cada uno de los términos en que quieren que se de la educación de sus hijos. Esto es la esencia de todo el conflicto, por cuanto la izquierda española no está dispuesta a tolerarlo jamás. La razón viene del principio marxista que plantea por imperativo el divorcio generacional a través de un modelo educativo que corta toda comunicación moral e informativa entre padres e hijos, como paso imprescindible para que surta efecto el adoctrinamiento oficial sobre todas las cuestiones de la vida. Es fundamentalmente por esta razón que en estos momentos en Galicia se está formando un grupo de impedimento ante la consulta que el flagrante presidente de la Yunta, elegido nada más y nada menos que por el 87 % de todos los gallegos, una mayoría que pronto se entiende como literalmente absoluta y que sí quiere determinar tanto el idioma como los contenidos con que se eduque a sus hijos. Fundamentando esta voluntad, está en primer lugar la constitución española; en segundo lugar el derecho natural de las bases sociales a determinar toda la organización y funcionamiento del sistema socioeconómico en el que viven y en tercer lugar, el mero hecho de ser ellos los jefes superiores de todo el aparato educativo en Galicia y en España, por el simple hecho de ser ellos los que lo pagan, los que lo financian, los que lo sostienen. Luego ante todas estas razones incuestionables, se desvelan claramente los motivos como poco criminosos que tiene la izquierda en Galicia para impedirlos, para oponerse diametralmente a la actual consulta. En primer lugar la izquierda española, toda ella una sola, está literalmente en contra o antagónicamente en conflicto con la constitución española, bajo la cual no le queda otro remedio que existir en el incómodo panorama político español, al que siempre considera o entiende como transitorio o provisional en el camino hacia el establecimiento del sistema de poder históricamente reivindicado desde antes de la guerra civil. En segundo lugar, ese sistema de poder que ellos plantean e históricamente reivindican, necesita determinar, imponer y controlar toda la organización y el funcionamiento de la base social, soportante de semejante dictadura, para que semejante sistema se de y luego para que perdure. Y en tercer lugar, siempre ha sido un principio absoluto de las izquierdas el concebir al contribuyente como la fuente esclava e inacabable, soportante de su estilo de poder, que es a lo que se reduce toda la participación de la población en ese sistema. Por todo esto y simple y literalmente por todo esto, es que la izquierda en Galicia se ha alzado en pie de guerra contra la consulta constitucional y democrática de Feijoo, pese a que los primeros no sobrepasan ni de un diez por ciento entre toda la población.

Imagínense cuan grande es el odio, la soberbia y el fanatismo de estos opositores a las libertades en Galicia que no renuncian a su proyecto de imposición aunque toda la población les rechace. Luego imagínense qué no harán si la constitución española no les impidiera llevar a cabo semejantes planes de imposición.

En lo dicho está la esencia de todos los conflictos generados por esos grupos de imposición y sufridos por la población, cuyo punto álgido, aún por resolver, está en la incompatibilidad absoluta o en el conflicto antagónico, como ellos le definen, entre su mera existencia como ideología y el sistema de derecho constitucional de España y del mundo Occidental. Es una simple y llana cuestión de que si existen los unos no pueden existir los otros. Ambas pretensiones son tan incompatibles como absolutamente imposible de que coexistan. Luego la cuestión sigue siendo la misma que durante toda la convulsa historia del siglo XX: O desaparecen ellos para que funcione el estado de derecho en un determinado país y en el mundo, o desaparece el estado de derecho en ese país, para que se instaure en él esas pretendidas dictaduras marxistas que irrenunciablemente reivindican todos los antisistemas en el mundo, especial y fundamentalmente, en el caso que nos ocupa, en España y en Galicia. Y ya no se trata de una cuestión de elegir, pues el pueblo de España y de Galicia lo ha hecho manifiestamente y con creses a favor se sus libertades; sino que ahora se trata de una simple y llana cuestión de actuar, por primera ves y de una vez y por todas, contara todo ese mal que las impide.

Repetimos:

No sólo es un derecho constitucional de los padres el decidir la lengua, los contenidos y hasta los ciclos o régimen de la educación de sus hijos, en los que quieren escolarizar a sus hijos; sino que ellos y sólo ellos, representan la máxima autoridad para determinarlos. Son ellos y sólo ellos los que tienen la última palabra.

Repetimos: